Juan José L. es profesor en un instituto de la provincia de Toledo. El año pasado llegó un día al aula y se encontró con una alumna sentada al revés, dando la espalda a la pizarra. Le pidió que se diera la vuelta y la estudiante, de 13 años, le respondió: «¿No has venido a dar clase? Pues da la clase y déjame en paz, tío».
Este docente con 25 años de experiencia llamó a la jefatura de estudios y hablaron con la niña. Pero su conducta era de «continuo desafío» y siguió teniendo problemas con otros profesores. Hasta que el colegio llamó a la familia. «Y fue casi peor, porque el padre, que defendía a la criatura, se enfrentó con uno de mis compañeros. Decía que teníamos manía a su hija».
Casos como el de Juan José L. aparecen recogidos en un informe que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó este viernes, en el que se asegura que el 90% de los profesores ha identificado y ha convivido con algún tipo de violencia en su centro. El trabajo recopila testimonios a partir de encuestas realizadas a 2.000 docentes de Primaria y Secundaria de escuelas públicas de toda España que reflejan peleas, insultos, vejaciones, vandalismo y destrozo de material escolar, violencia psicológica, amenazas del alumnado y su familia, faltas de respeto y enfrentamientos por WhatsApp.
Algunos testimonios son reveladores. Dice una profesora: «Los alumnos me robaron dinero. Ni el equipo directivo ni los padres ni los compañeros me creyeron. Algunos me dijeron que la culpa era mía por dejar el bolso a la vista de los alumnos. Creían a los alumnos. Ellos decían que no habían sido. En ese momento pensé: ‘El mundo al revés’. No creen a la víctima, sino al agresor. Al final, conseguí que uno de los alumnos confesara, el equipo directivo me creyó y resolvió la situación».
«Es muy habitual que los alumnos nos griten y nos hagan gestos. Mantienen actitudes de indiferencia, cuando no de rechazo. Expresiones como ‘déjame en paz’, ‘tú no me dices lo que tengo que hacer’, ‘me estás agobiando’ son habituales. Los padres tienen también, en muchas ocasiones, esa misma actitud», relata otro profesor.
Más del 75% de los encuestados reconoce que tienen muy poca o ninguna autoridad. Y aquí es donde está la causa del problema, porque los docentes «no se sienten protegidos ni respaldados» para hacerse valer. «No tenemos autoridad ni para expulsar a un alumno del aula», lamenta Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF.
Atribuye esta pérdida de autoridad a dos causas. La primera es que los padres ya no se ponen de parte de los profesores, sino que «presionan a los directores» en su contra. El filósofo y pedagogo Gregorio Luri sostiene que «los alumnos se están empezando a considerar clientes de la escuela como si fueran clientes de un hotel, con el derecho a ser bien servidos» y recuerda lo que le contó el director de un instituto de Barcelona: «Vinieron unos padres y me dijeron que ellos educaban a su hijo sin decirle no, porque el no es represivo, y que esperaban, por tanto, que el centro hiciera lo mismo».
La segunda causa es «la falta de respuesta institucional». «Las administraciones lo tapan todo para evitar que los casos salgan a la luz», denuncia CSIF. Precisamente este viernes el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se reactiva el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, organismo encargado de combatir la violencia en las aulas.
El Ministerio de Educación reconoció que, «transcurridos más de 10 años desde su creación, no ha resultado operativo debido a la gran cantidad y variedad de miembros y la rigidez de su funcionamiento». Por eso ahora va a reducir su composición, para darle «más agilidad», lo que ha despertado las críticas de padres, profesores y alumnos.
Estos colectivos recordaron que el Observatorio «lleva seis años sin reunirse», lo que «da cuenta del interés» del Gobierno en este asunto. «La ley obliga al Ministerio a hacer un informe sobre la convivencia escolar en España, pero nunca lo ha hecho», denunciaba Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae). Mientras, el teléfono de atención a las víctimas de violencia escolar ha recibido 28.065 llamadas desde su creación, en noviembre de 2016. De ellas, 9.779 se estudian como posibles casos de bullying.
Fuente: elmundo.es
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