En un momento en el que la autonomía de las instituciones de educación superior está en las noticias casi a diario, ¿te has preguntado si los gobiernos nacionales reconocen legalmente la autonomía institucional? La nueva Nota de Políticas de UNESCO IESALC ofrece una visión global sobre la proporción de países que establecen la autonomía institucional en la educación superior, con comparaciones entre regiones y grupos de ingresos.
La autonomía institucional es un pilar fundamental de la educación superior que permite a las instituciones gobernarse a sí mismas en diversos ámbitos como la administración, el currículo y las prioridades de investigación. La autonomía permite a las instituciones de educación superior explorar nuevos límites, innovar y satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad, al tiempo que protege la libertad académica de las presiones externas. El reconocimiento legal por sí solo no es suficiente para garantizar una autonomía efectiva, ya que debe asegurarse a través de un marco político coherente y estable. Sin embargo, consagrar la autonomía institucional en la legislación es un primer paso crucial para salvaguardar los derechos de la comunidad académica y su papel vital en las sociedades democráticas.
Esta nueva Nota de Políticas se basa en datos de 146 países incluidos en el Observatorio de Políticas de Educación Superior, y revela que el 63% de los países reconoce la autonomía institucional en su legislación nacional. Los datos también revelan que cuanto mayor es el nivel de ingresos del país, más probable es que reconozca la autonomía institucional. También se observan variaciones entre las regiones del mundo.
Esta Nota de Políticas insta a los gobiernos de los países que aún no han reconocido la autonomía institucional a hacerlo. Además, aunque la regulación del sector de la educación superior es necesaria para mantener la responsabilidad y los estándares de calidad, es preciso buscar un equilibrio adecuado para garantizar que estas políticas no obstaculicen la autonomía institucional. Los responsables de políticas públicas de todo el mundo deberían considerar cómo otras políticas de educación superior, como los mecanismos de financiación y las políticas relacionadas con los procesos de admisión y el currículo, afectan la autonomía institucional. Las políticas que refuerzan la autonomía de las agencias de aseguramiento de la calidad, apoyan las prácticas de acreditación independientes o promueven la supervisión de las instituciones de educación superior por parte de los grupos de interés pueden ayudar a lograr este equilibrio.
Fuente: iesalc.unesco.org
